Los últimos datos entregados por el Ministerio de Educación respecto de la matrícula prevista para este año en los establecimientos escolares municipales y particulares subvencionados, si bien no son definitivos, marcan un hecho simbólico al quedar en los segundos más de la mitad de los inscritos (el 51% frente al 40,4 que permanece en el sistema municipal). Sin embargo, lo verdaderamente significativo es que este resultado refleja un paulatino pero constante deterioro de la confianza de las familias en la educación pública, pues en el último decenio, año tras año y en forma continua, ella ha ido bajando del 53,1% de los estudiantes que tenía en 2001 al 40,4 actual.

Sabemos que, apreciada en su conjunto y sin perjuicio de excepciones valiosas por el peso de las condiciones en que se desenvuelven, la educación en ambos tipos de escuelas está muy lejos de la calidad que se requiere, pero en todo caso hay diferencias entre ellas. En el último SIMCE el 77% del área municipal estuvo bajo la media en matemáticas, en comparación con el 49,5 de la subvencionada, y en lenguaje esas cifras fueron de 71,6 y 46, respectivamente. Asimismo, la reciente PSU arrojó puntajes promedio de 472 y 502 para los egresados de colegios municipales y particulares subvencionados.

Sin duda esa brecha se debe en buena medida a un manejo más ordenado y eficiente de estos últimos establecimientos y a una labor docente de mejor nivel profesional, dentro de las limitaciones que a todos los afectan en mayor o menor grado, a partir de las carencias socioeconómicas y culturales del alumnado. Pero la opinión que prevalece entre los padres y apoderados es que en ello influye de manera sustancial la mayor regularidad en cuanto al funcionamiento de los colegios privados, frente a los paros del magisterio y huelgas de estudiantes, que hicieron perder casi dos meses de clases a los otros. Así, en la medida de sus posibilidades, optan por cambiar de escuela a sus hijos, incluso si les representa un mayor esfuerzo económico.

La disminución de alumnos acarrea un menor aporte de subvenciones que agravará el ya cuantioso déficit municipal, y debido a ello en numerosas comunas se preparan para reducir su planta de docentes, lo que puede derivar en conflictos gremiales, pues el Colegio de Profesores demanda un cambio total en el sistema que favorezca precisamente a la educación pública y su propia situación material. Por otra parte, en la Concertación se busca una alianza con las fuerzas sociales que podría concretarse en torno a este tema, pues la ley de la Superintendencia está todavía pendiente en el Congreso, donde también se encuentra la controvertida iniciativa sobre educación pública que enviara la actual administración, lo que facilita ampliar el debate, y también la política educacional se halla entre las prioridades del nuevo gobierno.

No parecen éstas las mejores condiciones para un análisis desapasionado y a fondo del problema, pero es muy probable que la crisis que tales antecedentes muestran dé a lo menos pie para que se inicie —ojalá sin las habituales presiones callejeras y más allá de la mera defensa de intereses corporativos— una discusión que es necesaria y que afecta a un factor decisivo de la vida nacional.

Señora Directora:

Una de las propuestas más relevantes del Presidente electo, Sebastián Piñera, es el compromiso adoptado por su gobierno de profundizar y perfeccionar la descentralización del país, de modo que, en forma creciente, sean las autoridades locales quienes, autónoma pero coordinadamente, tengan cada vez más poder para resolver los asuntos de su zona, con conocimiento, rapidez y eficiencia.

Con tal propósito resulta indispensable generar en todo el país “Planes de desarrollo regional” verdaderamente integradores y eficientemente coordinados por ejecutivos de gobiernos regionales profesionales, audaces y experimentados. Entre las principales medidas específicas a implementar, sin perder un minuto y en un plazo no superior a seis meses a contar del próximo 11 de marzo, estarían:

- Fortalecer el rol técnico que le corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que la entidad se transforme en una eficaz y potente palanca al servicio de las regiones y deje de ser aquella suerte de Contraloría que no sólo hace lentos y burocráticos los procesos, sino que actúa discrecional y discriminatoriamente.

- Generar a partir del primer día de gobierno las condiciones para que la Subdere, actuando coordinadamente con los ministerios sectoriales, realice las gestiones que permitan aumentar significativamente el porcentaje de recursos que se inviertan según decisión de nivel regional. En los primeros seis meses de gestión, el porcentaje de inversión nacional de decisión regional, que actualmente es cercano al 3,4%, debe incrementarse al menos a un 6%, vía transferencia a las regiones de los recursos sectoriales.

- Identificar y descentralizar los recursos de gestión directa que hoy administra la Subdere, traspasándolos a las regiones y entregando la facultad de asignación de los mismos a los consejos regionales a propuesta de sus presidentes.

- Generar mecanismos objetivos de distribución de fondos nacionales que hoy la Subdere asigna de manera discrecional y sin otro criterio que no sea su propia selección interna. Particular preocupación se pondrá con los fondos de saneamiento básico, gestión de residuos y recuperación patrimonial, que incluyen créditos internacionales.

Para que todo lo anterior sea posible, es indispensable que las autoridades que administran el Estado hasta el próximo 11 de marzo actúen con responsabilidad, seriedad y ecuanimidad, evitando excesos y entendiendo que no pueden comprometer los recursos totales de sus respectivas regiones para los próximos años, pues, si así fuera, estarían derechamente usurpando las funciones que son propias de las que habrán de ser las nuevas autoridades regionales.

Lamentablemente, los medios han informado sobre diversos hechos que atentan severamente contra esta deseable autonomía regional, dañando las posibilidades de gestión de las nuevas autoridades. La ciudadanía, con su voto el 17 de enero pasado, ya les dijo que Chile deseaba una alternancia en el poder y ellos hoy no pueden pretender perpetuarse con acciones autoritarias propias de olvidados totalitarismos de épocas pretéritas.

Pretender abusar en estos días de una posición dominante de poder y de circunstanciales mayorías en algunos consejos regionales es un abuso de autoridad y, claramente, una actitud antidemocrática, pues por la vía de anticipar compromisos se están invadiendo las atribuciones de lo que será un nuevo gobierno.

El llamado es, pues, a rectificar con urgencia aquellas conductas instigadas por propósitos ajenos al buen desempeño del Estado chileno. Si esto no ocurre, serán los organismos especializados los que deberán imponer la legalidad.

Félix E. Viveros Díaz

Consejero Regional

Señora Directora:

Durante 20 años, RN y la UDI criticaron a la Concertación por administrar el Estado a través de cuoteos partidistas. Le ha llegado la hora a la Alianza para que demuestre coherencia, dejando que Piñera cumpla su promesa de elegir a los mejores y no a los apitutados de siempre.

Jacinto Gorosabel