A horas de que el Presidente Piñera anuncie su primer gabinete, todavía se escuchan los ecos de la primera polémica postelecciones: ¿qué tipo de oposición debiera tener el próximo gobierno?

Del círculo del nuevo Presidente se han escuchado reiterados llamados a una oposición constructiva, una democracia de los acuerdos, incluso un gobierno de unidad nacional. Salvo esto último, que resulta abiertamente desproporcionado tratándose de un país en paz y sin ninguna catástrofe que pudiera justificarlo, lo cierto es que este llamado no puede ser rechazado.

¿Qué patriota podría negarse a priori a llegar acuerdos en beneficio de su país? ¿Quién podría volver a repetir consignas que tanto mal le hicieron a Chile, como la de “negarle la sal y el agua” a un gobierno? Nada de eso. Quienes hemos estado en el gobierno estos últimos 20 años, sabemos que la única forma de avanzar sostenidamente en el desarrollo integral de Chile es llegando a grandes acuerdos nacionales en temas claves para el país. Así lo hicimos estos años con la reforma a la justicia, la política de infancia, la reforma al sistema previsional, el plan AUGE, la nueva política habitacional, el sistema de protección social, etc.

Ahora bien, tan absurdo como negarse a llegar a acuerdos es aceptar el chantaje moral de quienes quieren negar el carácter imprescindible y patriótico que tiene toda oposición en un régimen democrático. Así como no pueden existir vetos a priori , tampoco pueden existir cheques en blanco. El rol de la oposición es claro y nítido: fiscalizar el cumplimiento de las promesas de campaña y el estado de derecho, criticar todo lo que no aporte al bien común, mejorar las políticas públicas y apoyarlas cuando sean buenas, y, tan importante como lo anterior, proponer ideas para el futuro.

Gracias a Dios, como país hemos superado el maniqueísmo que por tanto tiempo nos dividió entre buenos y malos. En este sentido, el primer desafío del nuevo gobierno es reconocer y legitimar el rol de la oposición. Si se desea una oposición constructiva, debe partir por dejar de descalificar a quienes por el mismo amor a Chile hemos decidido ejercer el rol que nos corresponde.

Superada la cuestión de la oposición, debemos pasar al tema de fondo: ¿en qué consiste ser un buen gobierno? Luego de 20 años de ser oposición, quienes hoy conducirán el país deben demostrar con hechos que pueden y saben cómo gobernar bien. A poco andar se darán cuenta de que esto es mucho más difícil que redactar un documento académico, hacer un discurso o “gerentear” una empresa, por complejas que sean estas actividades. Si bien para gobernar un país sirven la inteligencia del intelectual, la capacidad comunicacional del orador y las habilidades del buen gestor, el desafío es mucho mayor. Un buen gobierno supone sobre todo la capacidad de escuchar, de armar buenos equipos, de armonizar lo político y lo técnico, de buscar acuerdos, de priorizar lo que se puede hacer en un período tan breve, y, como si todo lo anterior fuera poco, mover el pesado aparato estatal, con sus rigideces, controles y amarras legales.

Como dice el dicho popular: “Otra cosa es con guitarra”. Ya lo verán las nuevas autoridades. Muchas de sus críticas despiadadas de ayer serán vistas con matices desde su nuevo rol. Producir acuerdos supone muchas veces estar dispuestos a ir más lento. Hacer reformas profundas en un área, conlleva en más de una ocasión renunciar a progresar en otra. Avanzar rápidamente no siempre permite consolidar cambios y menos modernizar nuestras ya anquilosadas instituciones.

La calidad de la oposición importa, qué duda cabe. Pero la verdadera responsabilidad recae en quienes fueron electos. Aquí no caben miradas mezquinas. Ni de quienes pretenden hacer lo posible para que al nuevo gobierno le vaya mal, ni de quienes califican de antipatriotas a quienes piensan distinto o critican su actuar. El bien de Chile descansa en la habilidad de todos de hacer bien su trabajo: ser un buen gobierno y ser una buena oposición.

Los desafíos que enfrenta el gobierno de Piñera no son pocos. Se resumen en hacer un “buen gobierno”, lo que no significa alcanzar altos niveles de popularidad. De hecho, ya tenemos suficientes antecedentes como para darnos cuenta de que, por ejemplo, el crecimiento económico no necesariamente va tan de la mano con la popularidad del Ejecutivo: basta ver los últimos cuatro años, cuyos resultados en materia económica son los más bajos de los cuatros gobiernos de la Concertación y, sin embargo, la actual administración exhibe los más altos niveles de popularidad.

Luego, ¿en qué consiste un “buen gobierno”? En lo económico, ciertamente, en volver a las tasas de crecimiento de los 90, lo que implica un esfuerzo por canalizar las expectativas de los agentes, incorporar a la sociedad de consumo a sectores postergados, modernizar áreas del gobierno central que aún operan con procedimientos anquilosados y que dificultan la creación de riqueza (los indicadores del Banco Mundial sobre competitividad y los del GEM sobre emprendimiento entregan suficientes antecedentes al respecto), la modernización de la justicia civil, y la corrección de aquellas malas prácticas que ha dejado como herencia la Concertación, tales como contrataciones indebidas, plantas paralelas, clientelismo, subsidios y decisiones políticamente dirigidas, etc.

Desde un punto de vista político, el objetivo de Piñera no es superar a Bachelet, Lagos o Aylwin en popularidad, sino si es capaz de entregar la banda presidencial a un segundo Presidente de la Alianza; de otro modo, su gobierno sería un fracaso. Pero además existe otra razón: muchos de los cambios y reformas económicas que es necesario desarrollar y aplicar, requieren de cierta continuidad política (educación, salud, justicia, transparencia, seguridad, etc.)

Relacionado con lo anterior, para muchos adherentes de la Alianza aún ésta aparece como una coalición electoral, que a poco andar puede terminar como la Concertación, deambulando en la búsqueda de un proyecto político que la distinga como tal. En tal sentido, es básico que el programa económico, social y político de la Alianza tenga forma y para ello la continuidad es la prueba de fuego. Delinear las bases del proyecto político de la Alianza, si bien no es responsabilidad única del gobierno de Piñera, sin lugar a dudas tiene en ello un rol clave; seguir girando a cargo del cambio y la alternancia en el poder ya no da crédito.

La elección del gabinete tiene que ser una señal muy poderosa respecto de lo antes mencionado. No obstante, hasta el momento la impronta de los partidos no ha sido de las más afortunadas. Las declaraciones del timonel de RN de que es necesario un gabinete más político y experimentado, no hacen más que recordar las prácticas de la Concertación, y suponer gratuitamente que la “experiencia” política o de ciertos políticos es lo mismo que excelencia, siendo ésta la que requiere dicho gabinete. Se olvida que, si bien el gabinete debe expresar ciertos equilibrios políticos, en un régimen presidencial los ministros son los consejeros del Presidente y ejecutores de su mandato, teniendo los partidos otras fórmulas para representarle sus “demandas” y “preocupaciones” y no por su representación en el equipo de secretarios de Estado. Olvidar esto termina por crear un híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo de dudosas ventajas. Otra cosa distinta es cambiar el régimen de gobierno.

Pero Piñera tiene otro desafío más: ser artífice de la modernización de nuestro sistema político, lo que supone impulsar mecanismos de democracia interna, financiamiento, transparencia parlamentaria, tecnificación de la actividad parlamentaria, modernización del Servicio Electoral, entre otros.

Estos enormes desafíos requieren de un alto nivel de sintonía fina y, sobre todo, de generosidad política; de otro modo difícilmente serán alcanzados.